Del INE y del TEPJF; refrescar la memoria

Por Mario A. Medina

Qué “orgullo” que nuestros organismos como el Instituto Nacional Electoral (INE) o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) fueran reconocidas por “intachables”, porque “saben cumplir con la ley”, porque son “celosas” de transparentar los procesos electorales en México. Hoy unos y otros, de la noche a la mañana se han convertido en “verdaderos demócratas” que los mexicanos deberíamos de estar jactanciosos de tal decisión. 

“Bien merecido se lo tienen”, se afirma, que el INE –y con la ratificación del TEPJF-, haya cancelado las candidaturas a Félix Salgado Macedonio en Guerrero y a Raúl Morón en Michoacán, ambos por no haber informado de sus gastos de precampaña como establece efectivamente la ley electoral; el cumplimiento del artículo 35 constitucional, esa prerrogativa a ser votado, han decidido éstos, “es lo de menos, ¡qué importa”! Lo verdaderamente lamentable es que Félix gastó 19 mil pesos y Morón 14 mil. ¡im-per-do-na-ble!

Los mexicanos debemos estar vanidosos porque hoy el INE y el TEPJF saben cumplir con la ley y, por ello, deberíamos de dejar en el olvido los “gastos oscuros” que permitieron a Vicente Fox Quezada llegar a la silla presidencial, lo mismo que a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto.

La historia cuenta que un buen número de empresarios que formaron parte del llamado  Amigos de Fox aportaron en el año 2000 apoyos en dinero y en especie que consintió a Fox ganar la nominación panista gracias a rifas, donativos, pago de anuncios en la radio y televisión, préstamo de aviones privados y mucho más. Fueron recursos que le permitieron al panista sostener su precampaña y campaña. Tras el triunfo electoral de Fox, sus opositores, si bien no denunciaron fraude electoral, sí violación a la normatividad por haber recibido recursos del extranjero, lo que pudo haber anulado el triunfo del guanajuatense.

El TEPJF emitió un fallo dirigido a la Comisión de Fiscalización del IFE, presidida por el entonces consejero panista Alonso Lujambio a la que le instruía llevar a cabo la investigación del financiamiento de la campaña. Sus opositores sospechaban que los dineros y apoyos llegaron no sólo desde adentro del país, sino también desde fuera, y que se había rebasado los montos autorizados por la legislación electoral.

Amigos de Fox y el propio candidato aseguraron que habían cumplido con los requerimientos legales y que no hubo un solo peso donado desde el extranjero, sin embargo, el consejero ciudadano del IFE por el PT, Jaime Cárdenas, demostró que la campaña de Fox sí recibió del extranjero “171 mil 123 dólares y un millón 34 mil 318 pesos provenientes del exterior”.  Fox fue Presidente de México.

En 2006 Felipe Calderón, candidato presidencial panista, no sólo recibió todo el apoyo de Vicente Fox al estilo priísta como la utilización de recursos públicos y redes clientelares. Hubo también dinero del cártel de Sinaloa como documentó Anabel Hernández producto de la entrevista que le hizo la periodista a Vicente Zambada Niebla, hijo del narcotraficante El Mayo Zambada, quien reveló  en su diario y que ella publicó en el libro “El Traidor” que “hubo dinero del narco para la campaña de Vicente Fox, que hubo dinero para la campaña de Felipe Calderón y que hubo dinero para la campaña de Enrique Peña Nieto”. 

Aunque había acusaciones de que la campaña electoral de Calderón estaba financiada por el narco y que el intermediario para recibir el dinero era Genaro García Luna, y aunque supuestamente hubo investigaciones penales por parte de la Fiscalía para Delitos Electorales (FEPADE), nunca se quiso se informar  del resultado de las pesquisas ni hubo castigo para nadie bajo el argumento de que el INE “carece de las herramientas técnicas y de inteligencia financiera para investigar y sancionar actos de corrupción en elecciones”. Nadie creyó esto. Calderón fue Presidente de México.

Tras las elecciones de 2012, el IFE validó el origen y destino de los millonarios recursos utilizados durante la campaña que llevó a Enrique Peña Nieto a Los Pinos. La oposición panista, perredista y de Movimiento Ciudadano acusaron de un “entramado financiero que trianguló dinero de varias empresas, dinero que luego se dispersó” en las famosas tarjetas Monex, pero también en otras tantas como Soriana, Wall Mart, Banamex, Bancomer y Santander: “la modernidad en la compra de votos”.

El PRI negó una y otra vez que ello fuera cierto. La oposición presentó una denuncia ante la Unidad de Fiscalización del IFE a cargo Alfredo Cristalinas quien se negó a investigar a fondo el financiamiento de la campaña presidencial priista. Desde la Cámara de Diputados, a pesar de todos los obstáculos que interpuso el PRI, se formó la Comisión legislativa de investigación Monex que luego de varias indagaciones encontró que los gastos no reportados por el PRI y Peña fue de poco más de 4 mil 599 millones de pesos, cuando el tope de campaña establecido fue de 336 millones. La comisión legislativa de la LXII legislatura concluyó también que “la operación de Monex encuadraba perfectamente bien en el mecanismo típico de lavado de dinero”.

El IFE de entonces del que varios de los consejeros que formaban parte hoy del organismo, son integrantes del INE como también magistrados del TEPJF que se negaron en aquel 2012 a investigar quiénes y por qué aportaron tal cantidad de dinero a la campaña de la coalición Compromiso por México que postuló a Peña Nieto. Tampoco quisieron indagar ¿de dónde salió el dinero para capitalizar las tarjetas? ¿Cuánto dinero fue utilizado realmente en la campaña? ¿Cómo se realizó la triangulación de recursos? La autoridad se negó a encontrar las respuestas. Peña fue presidente de México.

Aquellas fueron preguntas que el máximo organismo electoral se negó a investigar y, desde luego, actuar conforme a la ley. Hoy los señores del INE y del TEPJF son funcionarios “celosos de su deber, de su cumplimiento legal”, cuyos fallos, como negarle el registro a Félix Salgado y a Raúl Morón, se ven a todas luces como legaloides. En una palabra los consejeros del INE y los magistrados del Tribunal, suplantaron a la ciudadanía. Decidieron por los guerrerenses y por los michoacanos. Así de democráticos. 

Que no le cuenten… 

Sí, se necesita de reformas profundas; que los que se llaman organismos “autónomos”, en verdad cumplan con ese axioma, pero tampoco debemos regresar al pasado, atrapados, secuestrados por el “ogro filantrópico” de la burocracia y de la corrupción gubernamental.

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