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SCJN invalida “Ley Bonilla”, por “fraude a la Constitución”


Por considerar un fraude a la Constitución federal, violar los principios democráticos del Pacto Federal y de no reelección, la Suprema Corte de Justicia de la Nación echó abajo por unanimidad la reforma constitucional de Baja California, por lo que el gobernador Jaime Bonilla Valdez sólo estará dos y no cinco años en la administración estatal.

Durante la sesión vía remota, los once ministros de la Corte declararon la inconstitucionalidad del artículo octavo aprobado por el Congreso estatal, impugnado por los partidos PAN, PRI, PRD, MC, Partido de Baja California, el INE y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Al fijar sus posicionamientos, el ministro presidente Arturo Zaldívar afirmó que con el pretexto de usar su poder reformador de la Constitución y competencia para decidir sobre el periodo del nuevo gobierno del estado, el Congreso local fraguó un fraude a la máxima norma constitucional del país.

“El fraude a la Constitución no es un término retórico sino un acto ilícito. Simular que un acto o una norma son compatibles con la Constitución cuando no lo son, la norma impugnada viola el periodo de veda legislativa previsto en la fracción segunda del artículo 105 de la Constitución”.

Zaldívar Lelo de Larrea estableció que se trastocó el principio de no reelección consagrado en la Constitución; la reforma entraña una violación al voto público, a la soberanía popular y al principio democrático. “La democracia no se agota en las urnas, implica también el respeto a la voluntad popular del pueblo”, asentó.

Dijo que cuando los ciudadanos votan no lo hacen en blanco sino para un periodo establecido con anterioridad, tiempo preconfigurado que no puede modificarse con posterioridad.

La ministra Yasmín Esquivel Mossa argumentó por su parte, que los legisladores locales ampliaron el mandato del gobernador de Baja California por más del doble de lo que la ciudadanía votó, lo que resulta un fraude a la ley.

“Estamos sentando un precedente para evitar que la autoridad electoral cambie el sentido del voto recibido y se perpetúe en el mandato”, explicó al fundar su respaldo al proyecto de su colega Fernando Franco González Salas.

Mientras que el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena expuso que los cambios incorporados por el Congreso de Baja California a la Constitución “atacan el corazón del sistema democrático”.

Añadió que el modelo democrático presume que todas las normas en las entidades federativas siempre deben entender una de las premisas de la democracia: la previa determinación de las reglas del juego. El problema de la norma cuestionada es que ignora estas normas constitucionales”.

Con información de La Razón