Piden frenar embates del gobierno a instituciones educativas y centros de investigación

Integrantes de la comunidad académica y científica del país, periodistas y analistas, así como legisladores federales de distintos partidos, coincidieron en la necesidad de poner un freno a los embates del Gobierno de México hacia las instituciones educativas y centros de investigación públicos del país para garantizar la pluralidad del pensamiento y la libertad de cátedra.

Al participar este lunes en el foro “Ciencia y Educación Superior en México: Momento Crítico”, realizado en el Senado de la República, convocado por el senador suplente y presidente de la comisión de Vinculación Universitaria y Tecnológica de Movimiento Ciudadano, José Alberto Galarza, quien en su mensaje dijo que gran parte de las universidades públicas del país están prácticamente en quiebra técnica, lo que se suma a la persesución de la Fiscalía General de la República (FGR) a  integrantes de la comunidad científica. Agregó que aunque la UNESCO recomienda una inversión mínima de 8% del PIB a la educación y del 1% a ciencia y tecnología, actualmente el gobierno mexicano destina menos del 6% en el primer caso y menos del .30% en el segundo.

En su participación, el senador Dante Delgado consideró que actualmente México vive un momento crítico por el agravio permanente en contra de las instituciones de educación superior y a los promotores de la vida académica, científica y cultural del país. “Esto a todas luces es intolerable. Nosotros vamos a estar del lado de la razón, y nada mejor que escuchar voces autorizadas para que podamos tomar una posición firme frente al flagelo que en este momento está recibiendo, no nada más la comunidad universitaria, científica y tecnológica de este páis, sino la sociedad en su conjunto”, comentó.

Durante la ceremonia de inauguración del foro, el director del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas de la Universidad de Guadalajara, Mauricio Merino, lanzó tres peticiones a las y los legisladores del país:

1.       Que no permitan que el trabajo académico se juzgue por la afiliación política de quien lo hace, sino que se juzgue el trabajo intelectual por su calidad, sus aportaciones al conocimiento, su evidencia o su método.

2.       Que no se imponga un sistema de subordinación y control político ideológico sobre las agendas de investigación y que no se permita que haya una agenda única dictada por la obediencia al poder.

3.       Que no convaliden la consolidación de un régimen excluyente y vertical que anule la pluralidad del pensamiento en las instituciones públicas.