Condena Senado muerte de 17 migrantes mexicanos en Estados Unidos
En un pronunciamiento de unidad institucional, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la Mesa Directiva del Senado de la República condenaron enérgicamente la muerte de 17 ciudadanos mexicanos en territorio de Estados Unidos, presuntamente en hechos relacionados con la actuación de autoridades migratorias de ese país, y respaldaron las acciones jurídicas y diplomáticas emprendidas por el Gobierno de México para exigir el esclarecimiento de los hechos.
El posicionamiento, suscrito por los órganos de gobierno de la Cámara Alta, representa un respaldo unánime del Senado a la estrategia legal del Estado mexicano y eleva la presión política para que las autoridades estadounidenses realicen una investigación exhaustiva sobre los fallecimientos, entre los que se encuentra el mexicano Lorenzo Salgado.
Los legisladores expresaron su “más enérgica preocupación y condena” por los acontecimientos, al considerar que ningún connacional debe quedar desprotegido frente a posibles abusos de autoridad, uso desproporcionado de la fuerza o violaciones a los derechos humanos.
Asimismo, manifestaron su solidaridad con las familias de las víctimas y afirmaron que el dolor por estas pérdidas “es compartido por toda la Nación”, al tiempo que reiteraron el compromiso del Estado mexicano con la defensa de la vida, la dignidad y los derechos fundamentales de las personas migrantes.
En el pronunciamiento, el Senado respaldó de manera expresa las acciones legales y diplomáticas iniciadas por el Gobierno de México ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos para exigir el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades.
Los senadores demandaron investigaciones “exhaustivas, imparciales y transparentes” que permitan conocer la verdad, sancionar a los responsables y garantizar el acceso a la justicia, así como la reparación integral del daño para las víctimas y sus familiares.
Aunque reconocieron el derecho soberano de cada país para establecer y aplicar sus políticas migratorias, advirtieron que ninguna estrategia de control fronterizo puede justificar violaciones al derecho a la vida, al debido proceso ni a los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por ambas naciones.
El Senado subrayó que el respeto a los derechos humanos constituye una obligación jurídica y moral que debe prevalecer por encima de cualquier directriz de seguridad o política migratoria.
Como parte de su postura institucional, la Cámara Alta anunció que ejercerá sus facultades constitucionales de análisis de la política exterior para dar seguimiento puntual y permanente al desarrollo de las investigaciones y a la atención consular que reciban las familias de las víctimas.
Para ello, solicitará informes periódicos a las autoridades competentes sobre el avance de las indagatorias y las acciones de acompañamiento consular, con el objetivo de evitar que el caso quede impune.
“No permitiremos que estos hechos queden en la impunidad ni que se repitan”, enfatizaron los órganos de gobierno del Senado.
El pronunciamiento también destacó que México y Estados Unidos mantienen una relación estratégica sustentada no sólo en intereses económicos y políticos, sino también en los millones de mexicanos que viven, trabajan y contribuyen al desarrollo de ambas naciones.
En ese contexto, los legisladores afirmaron que el reconocimiento de la dignidad y los derechos de la comunidad migrante “no es una concesión, sino una obligación jurídica y moral” para ambos gobiernos.
Finalmente, el Senado envió un mensaje directo a la comunidad mexicana radicada en el extranjero, al asegurar que utilizará todas las herramientas del derecho internacional para exigir justicia, proteger la integridad de los connacionales y garantizar que la defensa de los mexicanos en el exterior continúe siendo una prioridad del Estado mexicano y un tema de consenso entre todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara Alta.
