Envía AMLO al Senado solicitud de consulta sobre juicio a expresidentes

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció su decisión de enviar al Senado de la República una solicitud por escrito para enjuiciar a los expresidentes.

El consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, fue el responsable de entregarlo a la Cámara Alta, para lo cual se estableció comunicación con el presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez, y el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal.

En su conferencia de prensa mañanera, el mandatario dijo que es muy satisfactorio que un grupo de ciudadanos haya tomado la iniciativa de recolectar cerca de 2 millones de firmas para realizar esta consulta, mismas que también se tomarán en cuenta.

Sin embargo, consideró importante presentar el escrito para tener más seguridad sobre la solicitud de la realización de la consulta ciudadana.

Antes de firmar el documento, López Obrador leyó el texto:

“El presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en el ejercicio de la facultad que la Ley de Consulta Popular le otorga, presenta formalmente la siguiente petición de consulta para la jornada electoral que habrá de celebrarse el 6 de junio del 2021 o en la fecha que establece el recién reformado artículo 35 de la Constitución a fin de preguntar al pueblo de México sobre el asunto de trascendencia que se describe y fundamente en la siguiente exposición.

“Entre el primero de diciembre de 1988 y el 30 de noviembre de 2018 México vivió un periodo caracterizado por la concentración desmesurada de la riqueza, quebrantos monumentales al erario, privatización de los bienes públicos, corrupción generalizada, procesos electorales viciados y prácticas gubernamentales que desembocaron en un crecimiento descontrolado de la violencia, la inseguridad pública, la violación masiva de derechos humanos, la impunidad como norma y el quebrantamiento del Estado de derecho.

“Esa etapa trágica se denomina periodo neoliberal o neoporfirista; los males señalados no ocurrieron de manera fortuita sino que fueron consecuencia de la aplicación de un modelo económico elitista, antidemocrático y antipopular. Las más altas esferas del poder público y quienes ejercieron la titularidad del poder Ejecutivo dieron fe de su adhesión a las políticas privatizadoras, su determinación de privilegiar a los grandes poderes económicos y de su empecinamiento en estrategias de seguridad violentas e inhumanas.

“El neoliberalismo se tradujo en decenas de miles de desapariciones, en el crecimiento de la pobreza, la desigualdad, la marginación, la informalidad y la descomposición social; en el deterioro de los sistemas de salud y educación, en la desprotección de jóvenes y adultos mayores, el acoso en contra de las comunidades indígenas y un deterioro de las instituciones, así como la devastación de las industrias petrolera y eléctrica.

“La desigualdad en México se profundizó durante el periodo neoliberal. Según cifras del Banco Mundial y la OCDE, fue en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari cuando crecieron más las diferencias económicas y sociales entre ricos y pobres, al mismo tiempo se entregó a particulares una cantidad sin precedentes de bienes públicos; en julio de 1988, cuando Carlos Salinas fue impuesto mediante un fraude, en la lista de la revista Forbes sólo aparecía una familia mexicana. Posteriormente se agregaron otros 24 mexicanos entre los más ricos, casi todos beneficiados con empresa minas y bancos que antes eran propiedad de los mexicanos.

“Ernesto Zedillo continuó las políticas privatizadoras, privatizó los ferrocarriles y adjudicó a los mexicanos deudas privadas por un monto de 552 mil millones de pesos, en el rescate bancario de 1998. A la fecha, la deuda del Fobaproa asciende a dos billones de pesos.

“Vicente Fox intervino en el proceso electoral, lo cual fue reconocido por el propio presidente. Felipe Calderón embarcó al país en una estrategia orientada a combatir el narcotráfico que multiplicó las zonas del territorio bajo el control de las bandas delictivas. Colaboradores suyos y periodistas independientes le señalaron los indicios de que Genaro García Luna era cómplice de una de las facciones del narcotráfico, pero no hizo nada.

“Desde 2012 fue señalado el financiamiento irregular de la campaña de Enrique Peña Nieto; declaraciones recientes de Emilio Lozoya han permitido documentar que parte de ese dinero provino de sobornos de la empresa Odebrecht y se apunta a la complicidad de Enrique Peña Nieto en las sumas de dinero que se entregaron a legisladores del PAN para la aprobación de la Reforma Energética, así como para la compra de la planta Agro Nitrogenados, lo que causó un quebranto de 200 millones de dólares.

“Esta consulta es una forma de despejar la ambigüedad que ha imperado sobre las responsabilidades de la figura presidencial. La presente petición no contraviene la limitación establecida en el artículo 35 constitucional en el sentido de que no podrán ser objeto de consulta la restricción de los derechos humanos.

“La consulta tiene el propósito de llevar a un cauce legal un asunto de trascendencia nacional, reafirma el derecho a participar en los asuntos públicos y el derecho a la justicia plasmado en el artículo 17 de la Constitución.

“La encuesta involucra a todo el territorio nacional. En cumplimiento de la Ley Federal de Consulta Popular, propone la pregunta ¿Está de acuerdo o no, con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus gestiones?

“Al respecto, solicitó la recepción de la petición en el Senado, para turnarla a la Comisión de Gobernación para su análisis, dictamen y cumplimiento de las etapas procesales correspondientes”.

López Obrador aseguró que la consulta popular ayudará a que las autoridades competentes aclaren si se puede o no juzgar a un expresidente. Recordó que en su discurso de posesión ya lo había planteado, por lo que no es una ocurrencia.

Dijo que ahora se realiza porque la ley indica que la solicitud sólo se puede hacer del 1 al 15 de septiembre. “Si lo considera el Senado, la Cámara de Diputados y la Suprema Corte de Justicia, se realizará la consulta”, remató.

Comentó que se está pidiendo que se realice la consulta sobre el enjuiciamiento de los expresidentes, considerando que la pregunta es reconocida constitucionalmente. Sobre la posible prescripción de los delitos, aclaró que esto lo determinará la autoridad competente.

Mencionó que el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno, el pueblo es soberano. Debe existir democracia participativa en México, por ello son favorables los mecanismos de consulta a los ciudadanos.