Avanza dictamen en la Primera Comisión de la Permanente que pide auditar al Gobierno de Nuevo León
La Primera Comisión aprobó un dictamen para exhortar a la Auditoría Superior de la Federación, para que realice una auditoría integral de los recursos federales transferidos y ejercidos por el Gobierno de Nuevo León, con especial énfasis en los contratos de prestación de servicios y en las obras públicas, ante la existencia de presuntos sobrecostos.
El documento pide que, tras realizar un análisis integral de los recursos financieros federales otorgados al estado, deslinde responsabilidades o, en su caso, promueva las acciones correspondientes ante las autoridades competentes.
Además, destaca diversos señalamientos públicos vinculados con la administración estatal, por posibles actos de corrupción, uso indebido de recursos públicos, triangulaciones a través de proveedores, eventuales conflictos de interés y posibles operaciones de facturación falsa o lavado de dinero.
El dictamen, aprobado en la reunión del 12 de agosto, subraya que existen reportajes que han divulgado presuntas operaciones entre una empresa proveedora del Gobierno de Nuevo León, sociedades vinculadas y un despacho jurídico del cual el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda ha reconocido haber sido socio.
Señala que el mandatario ha negado irregularidades y ha sostenido que las relaciones comerciales referidas anteceden a su administración.
Por ello, precisa el documento, cualquier conclusión debe corresponder exclusivamente a las autoridades competentes y derivar del debido análisis de contratos, pagos, comprobantes y demás elementos probatorios.
Plantea que se considera pertinente que una eventual fiscalización examine, según corresponda, la trazabilidad de los recursos federales, las cadenas de subcontratación, la identidad y capacidad operativa de las personas proveedoras, las transferencias a terceros y la relación entre los pagos efectuados y los servicios u obras efectivamente acreditados.
Reconoce que dicho análisis debe realizarse con estricto respeto al debido proceso, la presunción de inocencia, la autonomía de las autoridades fiscalizadoras y los derechos de todas las personas involucradas.
El dictamen destaca que la revisión oportuna de expedientes de contratación, registros contables, comprobantes de pago, convenios modificatorios, estimaciones de obra y actas de entrega-recepción contribuye a preservar información relevante y a identificar, en su caso, riesgos que comprometan el patrimonio federal.
Además, aclara que la finalidad de la fiscalización no es anticipar culpabilidades, sino determinar hechos, verificar el uso de los recursos y, cuando proceda, generar las acciones correctivas, de responsabilidad o de carácter resarcitorio previstas en el marco jurídico aplicable.
En ese contexto, se explica que el exhorto no pretende instruir ni sustituir a la Auditoría Superior de la Federación en el ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, sino que valore la procedencia de revisar integralmente los recursos federales involucrados y determine las acciones fiscalizadoras que correspondan conforme a su programa, atribuciones y capacidad institucional.
