Cámara de Diputados aprobó, con cambios, dictamen que expide nueva Ley de la Guardia Nacional

La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular con cambios, el dictamen por el que se expide una nueva Ley de la Guardia Nacional, que será una fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal militar con formación policial dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Además, modifica disposiciones de las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal y del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como de los códigos de Justicia Militar, y Militar de Procedimientos Penales.

El dictamen, aprobado en lo general con 349 votos a favor, 132 en contra y cero abstenciones, y en lo particular con cambios por 351 a favor, 124 en contra y cero abstenciones, deriva de una iniciativa presentada por la presidenta de la República; abroga la ley vigente publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2019, y adecua el texto.

La Ley nueva de la Guardia Nacional, que cuenta con 96 artículos y se organiza en siete títulos, tiene como uno de sus propósitos regular los principios, organización, atribuciones, integración, equivalencias jerárquicas, así como su coordinación con las entidades federativas y las autoridades municipales. 

Señala que la Guardia Nacional podrá contar con personal del Ejército, Fuerza Aérea y confianza de carácter civil que sea necesario. Su objeto es realizar la función de seguridad pública a cargo de la Federación y, en su caso, conforme a los convenios que para tal efecto se celebren, colaborar temporalmente en las tareas de seguridad pública que corresponden a las entidades federativas o municipios, con la finalidad de preservar la paz social y proteger los derechos de la población.

Sus fines son salvaguardar la vida, integridad, seguridad, bienes y derechos de las personas, así como preservar las libertades, contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social; proteger los bienes y recursos de la nación, y llevar a cabo acciones de colaboración y coordinación con entidades federativas y municipios.

Regirá su actuación por los principios de patriotismo, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, honestidad y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Entre sus atribuciones y obligaciones están prevenir la comisión de delitos y las faltas administrativas que determine la legislación aplicable, salvaguardar la integridad de las personas y de su patrimonio, garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz social, así como prevenir la comisión de delitos.

Asimismo, realizar investigación e inteligencia para la prevención de los delitos, en coordinación con el Consejo Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública, y efectuar tareas de verificación, en el ámbito de su competencia, para la prevención de infracciones administrativas, en apego a la normativa aplicable y respeto a los derechos humanos.

Además, recabar información en lugares públicos para evitar el fenómeno delictivo, mediante la utilización de medios e instrumentos y cualquier herramienta que resulten necesarios para la generación de inteligencia preventiva. En el ejercicio de esta atribución se deberá respetar el derecho a la vida privada y los derechos humanos de las personas. Los datos obtenidos con afectación a los derechos humanos carecerán de todo valor probatorio.

Paralelamente, la Guardia Nacional Llevará a cabo operaciones encubiertas y de usuarios simulados para la investigación preventiva del delito; realizará, bajo el mando y conducción del Ministerio Público, la investigación que resulte de esas operaciones en términos de las disposiciones aplicables, también las investigaciones de los delitos cometidos, así como las actuaciones que les instruya aquel o la autoridad jurisdiccional Federal, conforme a las normas aplicables.

La persona titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, de conformidad con las instrucciones que reciba de la persona titular del Ejecutivo Federal, es la responsable de organizar, equipar, educar, adiestrar, capacitar, administrar y desarrollar a la Guardia Nacional.

La Guardia Nacional realizará sus operaciones mediante la estructura siguiente: Secretaría de la Defensa Nacional, Comandancia, Coordinación Territorial, Coordinación Estatal, Coordinación de Unidad, y Unidades Circunstanciales.

La persona titular de la Comandancia debe ostentar la jerarquía de General de División de Guardia Nacional y será nombrada por la persona titular de la Presidencia de la República a propuesta de la persona titular de la Secretaría.

Destaca la obligación de la persona titular del Ejecutivo Federal de remitir a la Cámara de Senadores, al inicio del segundo periodo ordinario de sesiones de cada año legislativo, un informe de las actividades desarrolladas por la Guardia Nacional durante el año inmediato anterior. 

Contempla aspectos del control jurisdiccional al que deberán acotarse las actividades de la Guardia Nacional. En ese sentido, establece que la intervención de comunicaciones, como parte de una investigación, deberán realizarse siempre y cuando se cuente con una autorización judicial, de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y con la Ley de Seguridad Nacional. 

Subraya que su actuación en este tipo de tareas de investigación se encuentra bajo un control jurisdiccional previo, en el cual la autoridad pondera los intereses de la investigación, las razones de la fiscalía y, en este caso de la Guardia Nacional, el delito investigado, así como las condiciones del sujeto sobre cuyos intereses se practicaría la actuación. normativo con el decreto de reforma constitucional del 30 de septiembre de 2024. Se envió al Senado para sus efectos constitucionales.