PRI advierte control político del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
- Denuncian imposición de perfiles ligados a Morena, al SAT y a operadores políticos
- Alertan sobre desmantelamiento del Sistema Nacional Anticorrupción
Las senadoras del PRI Cristina Ruiz Sandoval y Claudia Anaya Mota fijaron una postura en contra del dictamen sobre la designación de 20 personas para las magistraturas vacantes en las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y advirtieron un intento de captura de una institución clave para el control del poder.
Durante su intervención en tribuna, la senadora Cristina Ruiz Sandoval sostuvo que el TFJA representa uno de los principales contrapesos del país. El órgano revisa actos del SAT, créditos fiscales, contratos multimillonarios y responsabilidades administrativas graves. Señaló que el dictamen no fortalece la justicia y la subordina al Poder Ejecutivo.
Denunció la presencia de exdiputados de Morena, excolaboradores de la presidenta de la República, operadores políticos del oficialismo, exfuncionarios del SAT y personas que, hasta hace unas semanas, formaban parte de la nómina federal. Afirmó que estos nombramientos representan subordinación, militancia y colonización institucional. Señaló la ausencia de independencia y capacidad técnica.
“La aprobación de este dictamen dejaría indefensos al ciudadano, al contribuyente, al empresario y al servidor público honesto. También abriría un manto de protección a la corrupción”, advirtió. La legisladora reiteró que el PRI no será cómplice. Sostuvo que cada voto quedará registrado ante la historia.
La senadora Claudia Anaya Mota recordó que el TFJA recibió facultades reforzadas tras las reformas constitucionales de 2015 y 2016. Estas reformas formaron parte del Sistema Nacional Anticorrupción. Afirmó un debilitamiento sistemático por parte de Morena. Señaló omisiones, retrasos y designaciones ajenas al combate a la corrupción.
Indicó un proceso de desmantelamiento de instituciones como el INAI, el debilitamiento de la Fiscalía Anticorrupción, la falta de integración de órganos clave como el Comité de Participación Ciudadana del SNA y la impunidad de actos de corrupción en instancias como Conade y Segalmex y el llamado “huachicol fiscal”.
Asimismo, advirtió que las reformas en materia fiscal, de amparo y en la Ley Orgánica del TFJA redujeron los mecanismos de defensa de ciudadanos y empresarios. Subrayó un clima de incertidumbre jurídica y señaló impactos negativos en la inversión y el empleo, así como alertas en el marco del T-MEC.
La priista denunció que la mayoría que impulsa estos nombramientos carece de legitimidad ciudadana, al tener un origen basado en presiones y cooptación política, lo que contribuye directamente a la erosión de la división de poderes en México.
El Grupo Parlamentario del PRI reiteró su rechazo a tribunales subordinados, su defensa de la independencia judicial y su respaldo al Estado de Derecho.
