Acusan a integrantes de la SCJN de proteger empresas que adeudan 80 mil mdp a SHCP
Desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se protege a grandes contribuyentes, que durante los últimos tres años no han pagado alrededor de 80 mil millones de pesos de impuestos, acusó el titular de la Procurador Fiscal de la Federación, Arturo Medina.
Apuntó que con ese monto se podrían financiar obras de infraestructura o programas de bienestar, como Jóvenes Construyendo el Futuro, que equivale al presupuesto de 3 años y medio o aumentar un 25% el apoyo a todos los beneficiarios de la pensión de adultos mayores.
Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Medina afirmó que la corrupción de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial ha evitado el avance de los juicios o procesos penales, generando retraso en la impartición de justicia y, por lo tanto, impunidad.
El titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) anunció que el Gobierno federal presentará una queja en contra del ministro Luis María Aguilar Morales.
El motivo, dijo, es por favorecer a una empresa nacional “de gran tamaño”, la que durante 2010, 2011 y 2013 fue fiscalizada, y que gracias a “estrategias legales” que le permiten impugnar y retrasar la emisión de una sentencia que lo obliga al pago de impuestos, pudo evadir más de 25 mil millones de pesos.
Al respecto, Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, explicó que la denuncia se hará ante el Pleno de la SCJN y no el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Explicó que “en el caso de Ministros no se pueden presentar las quejas ante el CJF, son los propios Ministros los que se vigilan a sí mismos, por eso se va presentar la queja ante la Corte”.
En otro caso, Medina reveló que la SHCP, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), buscan llevar a juicio a los responsables de una empresa de la zona del Bajío que cometió fraude fiscal, “lo que ocasionó al pueblo de México un perjuicio por casi 300 millones de pesos”.
Dijo que en coordinación con la autoridad ministerial, han enfocado también su atención en 17 de grandes contribuyentes que se han negado a pagar impuestos por unos 54 mil millones de pesos.
Expuso que por medio de acciones ilegales, en al menos en 14 casos, no se han realizado las audiencias para que las investigaciones se transformen en procesos penales y se recuperen las contribuciones.
“En el 82% de los casos, los integrantes del Poder Judicial Federal han impedido que se abra la puerta a los procesos penales, y por lo tanto, que se haga justicia”, al obstruir se lleven a cabo las audiencias iniciales, a fin de que un Juez de Control cite a los imputados a solicitud del Ministerio Público, puntualizó.
Aseguró que estas empresas han abusado de su gran estructura corporativa, lo que les ha permitido operar diversas estrategias legales para impugnar y retrasar la emisión de sentencias que les exige el pago de sus obligaciones hacendarias.
Señaló al juez Eduardo Alberto Osorio Rosado, “quien reiteradamente ha emitido resoluciones contrarias a la ley, ignorando los argumentos de la SHCP, puesto que sostiene que esta Secretaría no está facultada para defender los recursos del pueblo y, por ende, desconoce nuestra calidad de víctima y ofendido en el proceso penal”.
Indicó que abogados de la SHCP lograron revertir las resoluciones ilícitas, pero eso no exime a jueces, magistrados y ministros de su responsabilidad.
