Reconoce Segob “profunda crisis” por desaparecidos

Integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, que preside la senadora Kenia López Rabadán, analizaron con la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Karla Quintana Osuna, las acciones que ha puesto en marcha esta instancia y las necesidades legislativas que requiere para cumplir sus objetivos.  

En el encuentro, Quintana Osuna dijo ante senadoras y senadores que es fundamental combatir, de manera paralela, la “profunda crisis” de desaparecidos, así como los problemas en materia forense y de justicia que existen en México. 

Para ello, asentó, se requiere de una reforma integral que aborde estos tres niveles, porque de lo contrario, no se podrá impactar y resolver de manera central la crisis. 

Previamente, López Rabadán destacó la necesidad de fortalecer la relación interinstitucional con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, por lo que desde el Senado de la República se busca cuestionar, conocer y aportar en esta materia, a través de un diálogo plural.  

De esta manera, dijo, debemos conocer las acciones que se han puesto en marcha y los apoyos legales que se pueden realizar para cumplir los objetivos en materia de búsqueda de personas. 

Nestora Salgado García, senadora de Morena, consideró necesario estrechar lazos y generar una propuesta de entendimiento, a partir del cual se fortalezcan las acciones que permitan conocer el paradero de quienes hacen falta, así como para transitar hacía la erradicación de este fenómeno. 

La senadora María Celeste Sánchez Sugía, del mismo Grupo Parlamentario, aseguró que éste ha sido el único gobierno que ha reconocido la crisis de desparecidos, por lo que se advierte de un aumento en el número de personas no localizadas, es porque ya se contabilizan, cosa que no se había hecho con anterioridad.  

“Se está exigiendo -acotó la legisladora- que se realice, en menos de tres años, un trabajo que no se ha hecho en más de 40 años”. 

Por el PAN, la senadora Gina Andrea Cruz Blackledge señaló que se debilitó el actuar de la Secretaría de Gobernación respecto de la seguridad interior y la gobernabilidad, y ahora la fuerza de los grupos criminales es de tal magnitud, “que México se sigue llenando de fosas clandestinas”. 

La senadora del PRI, Claudia Edith Anaya Mota, agregó que es preocupante que las comisiones estatales de búsqueda se puedan quedar sin operatividad y la posibilidad de trabajar de manera organizada con la Comisión Nacional, debido a que el modelo institucional se está “resquebrajando” por la falta de recursos. 

Del PVEM, la senadora María Graciela Gaitán Díaz, coincidió en la necesidad de dotar de más presupuesto a la Comisión Nacional de Búsqueda, así como de que las fiscalías sean más responsables con los derechos de los desaparecidos y de sus familias, sin tratos preferenciales.  

Por su parte, el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria advirtió que la dimensión de la crisis en materia de desaparición de personas, por la que atraviesa el país, no tiene un “correlato” en el trabajo que se desempeña en la institucionalidad, presupuesto y coordinación que lleva a cabo el gobierno; es decir, “no hay una proporción del dolor que sufren las familias, con el esfuerzo que el Estado mexicano realiza”.  

Karla Quintana Osuna, en tanto, señaló que en materia de desaparición forzada solamente existen 35 sentencias por jueces federales y estatales, y que más del 98 por ciento de los casos se encuentran en impunidad. 

Si bien es cierto que se hacen esfuerzos muy importantes en materia de búsqueda de personas, acotó, se puede concluir que se tiene una “impunidad total, que va desde la investigación, hasta la emisión de la sentencia”. 

La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda aseguró que a partir de 2006 se registró el repunte de las desapariciones, pero que fue hasta 2018 que el gobierno de México tomó medidas y asumió como su responsabilidad y prioridad la búsqueda de personas.  

En este sentido, continuó, esta instancia realizó, desde el 8 de febrero de 2019 al 4 de octubre del presente año, más de dos mil cien jornadas de búsqueda, en 28 entidades federativas y en 307 municipios. 

Precisó que, hasta el lunes 4 de octubre, se tiene un registro de 92 mil 794 personas reportadas como desaparecidas, oficialmente; y hasta este día la cifra ascendió a 92 mil 844, “es decir que en dos días ya se reportaron 60 personas más”.  

Por lo que nos dicen las familias, expresó, sabemos que esta cifra puede ser mucho más alta, en virtud de la desconfianza que se tiene para denunciar las desapariciones. 

Destacó que el sector de la población que más padece este flagelo en México es el de la juventud, principalmente hombres entre los 20 y 40 años, y mujeres de entre los 15 y 25 años. Aunado a ello, precisó, del total de las 92 mil personas desparecidas, 16 por ciento son niñas, niños y adolescentes. 

Dijo que los estados con mayores jornadas de búsqueda son Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Guanajuato, Sinaloa y Sonora. 

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