Gobierno del EdoMéx ayuda a nueve personas a obtener su libertad en 2025 con el Fondo de Reparación del Daño
Toluca, Estado de México.– El Gobierno del Estado de México fortalece el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos mediante el Fondo de Reparación del Daño, con el cual benefició en 2025 a nueve personas privadas de la libertad (PPL) en situación de vulnerabilidad económica, lo que permitió cumplir con este requisito legal para obtener su libertad y avanzar en su proceso de reinserción social.
A través del Instituto de la Defensoría Pública estatal (IDO), el pago de la reparación del daño a las víctimas hizo posible que las personas beneficiadas accedieran a figuras jurídicas como la prelibertad, libertad anticipada, amnistía o sustitutivos de la pena, cuando este era el único requisito pendiente.
“Es una forma de tener acceso a la justicia por parte de las víctimas y por parte de las personas privadas de la libertad, pues es importante la readaptación social, entonces, es una oportunidad también para reivindicarse, para que también pueda estar con su familia, para que ya una vez que haya compurgado una pena en determinado momento contribuya a la sociedad”, manifestó José Carlos Neira Cruz, Encargado de Despacho de la Dirección General del IDP, adscrito a la Consejería Jurídica.
El funcionario explicó que el Fondo de Reparación del Daño otorga un apoyo de hasta 300 mil pesos por persona, destinado exclusivamente a cubrir el monto de la reparación del daño impuesto por la autoridad judicial, siempre que este sea el último requisito para acceder a un beneficio de libertad.
Este apoyo está dirigido para quienes carecen de recursos económicos, no cuentan con una red de apoyo familiar, tienen un procedimiento activo para obtener su libertad y acreditan su situación de vulnerabilidad mediante un estudio socioeconómico.
Neira Cruz subrayó que el objetivo central del Fondo es reducir desigualdades dentro del sistema de justicia y garantizar condiciones más equitativas.
“Recopilar aquellos perfiles, expedientes de personas privadas de la libertad que no tienen la capacidad económica de pagar la reparación del daño para brindarles la oportunidad, para poder nosotros llegar a un acceso a la justicia más pronta, más expedita”, enfatizó.
El Fondo de Reparación del Daño es administrado por un Comité Técnico, integrado por personal de la Consejería Jurídica, el Instituto de la Defensoría Pública, Direcciones Regionales y el Órgano Interno de Control, quienes evalúan cada solicitud bajo criterios de legalidad, objetividad y transparencia.
Durante 2025, dicho Comité celebró cuatro sesiones ordinarias y una extraordinaria, en las que se aprobaron las solicitudes de las nueve personas beneficiadas, reafirmando el compromiso del Gobierno del Estado de México con una justicia más humana, accesible y con enfoque social.
